Tres familias de Orihuela podrían sufrir un desahucio el 12 de mayo

Familias del barrio del Rabaloche en Orihuela, víctimas de un presunto abuso inmobiliario, podrían sufrir un desahucio promovido por el BBVA el próximo 12 de mayo. Una pareja jubilada, una embarazada y una familia vulnerable, se encuentran en riesgo de perder su vivienda. Desde Cambiemos Orihuela piden al Ayuntamiento y a la Conselleria que intervengan para adquirir las viviendas y facilitar alquileres sociales.

Tres desahucios planean sobre tres familias del barrio del Rabaloche en Orihuela. Un barrio que, según el INE se encuentra, por su nivel de renta, entre el 1% más pobre de España. El caso de estas familias es un ejemplo claro de “violencia inmobiliaria” según denuncian desde el grupo municipal de Cambiemos Orihuela. Desde mediados de los 80, la empresa Inter-Ronda, propietaria de los pisos, era la que los alquilaba a los residentes. Según explican las familias, esta empresa quebró, huyó del escenario y algunos inquilinos consiguieron hacerse con la propiedad de los inmuebles. En otros casos, otras familias quedaron desprotegidas y dependiendo del BBVA y su fondo de inversión asociado, DIVARIAN. Estas entidades han promovido desde Madrid los desahucios sin ni siquiera ofrecer a las familias la posibilidad de pagar un alquiler.

Los desahucios han sido paralizados hasta en dos ocasiones, octubre de 2020 y enero de 2021, gracias a la presión de las familias y de activistas por la vivienda que han colaborado con ellas y al marco de las medidas de protección social promovidas durante el Estado de Alarma. La nueva fecha del desahucio ha sido señalada para el próximo 13 de mayo. Por eso, representantes de las familias y el concejal de Cambiemos Orihuela, Carlos Bernabé, han comparecido hoy conjuntamente para proponer soluciones que llevan meses pidiendo a Ayuntamiento y Consellería que intervengan.

«Nosotras sólo queremos quedarnos en nuestra casa, somos víctimas, queremos pagar un alquiler y vivir donde hemos estado siempre», explicaba Carmen Rodríguez. Por su parte, Dolores Cecilia, señalaba que «una de nosotras está embarazada, otra jubilada y yo con problemas de salud, ¿dónde vamos a ir? No se puede vivir pensando en cuándo va a ser el siguiente intento de desahucio, no aguantamos más».

Lucía Rodriguez explicaba cómo se había llegado a esta situación, «pagábamos alquileres a Inter-Ronda, desapareció, se quedó las viviendas el BBVA y ahora pretenden echarnos cuando simplemente queremos pagar un alquiler asequible y estar en nuestro barrio de siempre, somos gente trabajadora que simplemente quiere estar en su casa. Esto ha sido un abuso, somos víctimas y queremos que Ayuntamiento y Consellería nos den soluciones».

En ese sentido, el concejal de Cambiemos Orihuela, Carlos Bernabé, que ya ha trasladado diversas peticiones al área de Bienestar Social señala que «la opción más lógica es que el Gobierno Local y la Generalitat Valenciana negocien y colaboren política y económicamente para adquirir las viviendas y adjudicárselas a las familias en alquiler social. Esta medida no sólo sería la más justa con estas personas sino la más eficiente para la Administración». Además, señala que «debe quedar claro que esto es violencia inmobiliaria contra las familias, y que el BBVA es responsable de ello, por eso pedimos una vez más al Ayuntamiento que intente negociar para buscar una alternativa». De hecho, Bernabé insiste en que, a su juicio, el propio procedimiento judicial es bastante irregular, porque las familias están en una situación de total indefensión.

Las familias afectadas solicitarán una posposición del desahucio por las moratorias prorrogadas por el Consejo de Ministros, pero sobre todo reclaman una alternativa que dé solución al problema. Solución que, recuerdan, no puede pasar por una vivienda social que suponga desarraigarse de su entorno y de sus vecinos, más aún si se tienen en cuenta sus problemas de salud y necesidades familiares. «Sólo queremos pagar un alquiler, como cualquiera, nada más».