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La Unió Llauradora solicita a la Conselleria de Agricultura que lleve a cabo una actualización del catálogo de árboles monumentales y singulares, cuya última revisión data ya del 15 de enero de 2020. Cabe señalar que la Generalitat Valenciana fue pionera, gracias a la iniciativa de La Unió, para proteger y frenar entre otras cosas el expolio de olivos monumentales, con la ley 4/2006 de Patrimonio Arbóreo Monumental. En 2018 se consiguió también un reglamento que protegía también los olivos de más de 350 cm.
Transcurridos ya casi tres años hay que avanzar y actualizar el censo de árboles de olivos catalogados e identificados como monumentales en zonas de cultivo tradicional cuya conservación es prioritaria. Pero también hay que conseguir -como aboga La Unió- que sus propietarios obtengan una ayuda que contribuya a mitigar los sobrecostes por su cuidado, que sería también una compensación a la pérdida de producción que representa su mantenimiento en detrimento de nuevas plantaciones más jóvenes y productivas.
En este sentido, las intensas gestiones realizadas por La Unió ante la Conselleria de Agricultura han fructificado para que dentro de la ayuda asociada al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental haya en la próxima PAC una ayuda específica para los olivares centenarios y que podría estar entre los 21 y 42 euros/hectárea, según la dimensión de la explotación, siempre y cuando estén dentro del SIGPAC. Se trataría así de una ayuda al olivar tradicional y con un alto valor medioambiental que compense el esfuerzo de los agricultores profesionales (agricultores activos) por mantener el cultivo y la actividad en nuestras zonas que tienen fuertes limitaciones para ello.
Por otra parte, La Unió también ha presentado una propuesta de ayuda agroambiental para los cultivos de secano (olivar, frutos secos, viña y cereal) para que la Conselleria de Agricultura lo incluya en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana. La organización agraria resalta la importancia estratégica que todos estos cultivos tienen para la actividad económica de las zonas de interior, en riesgo de despoblación, y que por sus características son menos competitivas que las zonas de regadío. Con ello aboga por dar una ayuda adicional de 100 euros/hectárea para que realicen prácticas beneficiosas para el medio ambiente como la lucha biológica contra plagas y enfermedades de cada uno de estos cultivos o prácticas sostenibles para el cultivo.
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