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El Ayuntamiento de Callosa de Segura se encuentra sumido en un nuevo escándalo
tras la aprobación definitiva de la tasa de la basura, un procedimiento que, según denuncia el Partido Popular, está plagado de irregularidades y podría ser declarado nulo de pleno derecho.
La portavoz del grupo municipal del PP, Inmaculada Cascales, ha anunciado que su formación llevará la ordenanza fiscal ante los tribunales, al considerar que incumple principios fundamentales de transparencia y publicidad.
Uno de los puntos más controvertidos señalados por Cascales es la ausencia de
transparencia en la fórmula de cálculo de la tasa. Según detalla el recurso de reposición presentado, el informe técnico‐económico que sustenta la tasa carece de una descripción clara de los factores y coeficientes utilizados, así como de las fuentes normativas que justificarían la cuantía establecida. Este hecho, afirman, genera una indefensión total para los ciudadanos, que no han podido formular alegaciones fundadas debido a la opacidad deliberada del gobierno local.
“La memoria económico‐financiera no es un simple trámite administrativo, sino una herramienta esencial que debe justificar, con datos claros y detallados, la cuantía de cualquier tasa. En este caso, es un documento vacío de contenido que intenta camuflar un procedimiento irregular”.
Además, el PP subraya que el Ayuntamiento ha violado el artículo 17 de la Ley de
Haciendas Locales al no publicar la ordenanza en un diario de amplia difusión, requisito indispensable para municipios con más de 10.000 habitantes como Callosa de Segura. Este incumplimiento de las normas de publicidad, unido a la ausencia de una exposición clara de los métodos y criterios utilizados en el cálculo de la tasa, vicia de nulidad el procedimiento, de acuerdo con las argumentaciones legales presentadas, según el PP.
El foco de las críticas del PP se centra también en la gestión del tripartito que gobierna el municipio, especialmente en el concejal de Hacienda, José Antonio Illán. Según la formación popular, su actuación en este asunto es “una muestra más del despropósito y la falta de rigor” que caracteriza su gestión. “El informe técnico‐económico es un cúmulo de errores y omisiones, firmado por un tesorero accidental, que deja claro que no se han respetado los principios básicos de objetividad y legalidad”.
El PP anuncia medidas legales y pedirá que los políticos asuman responsabilidades “si continúan con una tramitación viciada de nulidad de pleno derecho, llevando a cabo el cobro de unas tasas ilegales por manifiestamente injustas y desproporcionadas”.
La presidenta del PP en Callosa ha confirmado que, ante la gravedad de las
irregularidades detectadas, su formación recurrirá a los tribunales para exigir la anulación de la tasa y la rectificación del procedimiento. “No vamos a permitir que se siga atropellando a los vecinos de Callosa con medidas arbitrarias y mal gestionadas”, concluyó.
“Este episodio pone en evidencia, una vez más, la crisis de confianza en el gobierno
municipal y abre un nuevo frente judicial que promete agitar la política local en los próximos meses”, añaden los populares.
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