Comienza el juicio de la rama del Caso Brugal sobre el Plan Zonal de la Vega Baja
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Comienza el juicio de la rama del Caso Brugal sobre el Plan Zonal de la Vega Baja

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La Sección Séptima de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, ha acogido hoy 2 de noviembre, el inicio del jucio de una de las ramas centrales correspondientes al Caso Brugal por el presunto amaño en la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos de la Vega Baja.

El ex presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, en su llegada al Palacio de Justicia de Elche

En este juicio, con sesiones previstas hasta el 24 de noviembre, figuran entre los acusados el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, que se enfrenta a una petición de condena de dieciséis años de cárcel y 44 de inhabilitación; el entonces portavoz de la oposición en la misma institución, el socialista Antonio Amorós; la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente, y varios técnicos y empresarios como Enrique Ortiz o o Ángel Fenoll.

La ex alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, accediendo a la Audiencia de Alicante con sede en Elche

El expresidente de la Diputación de Alicante está acusado de llevar a cabo una maniobra a finales de 2007 y principios de 2008, para que el empresario elegido para la adjudicación del plan procediara a comprar a otro aspirante una finca ubicada en la pedanía oriolana de Torremendo en la que iría ubicado el vertedero de residuos comarcal, cuyos gastos el adjudicataria pasaría después en los cánones que iban a pagar los ayuntamientos.

Según Anticorrupción, esta y otras supuestas irregularidades causaron al Consorcio de Residuos de la Vega Baja un gasto de 1,15 millones de euros.

Ángel Fenoll, empresario oriolano, llegando al Juzgado de Elche para el inicio de la sesión de hoy

El proceso se dirige contra 13 personas acusadas de los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. La Fiscalía Anticorrupción pide penas que oscilan entre los 3 y los 17 años de prisión para los encausados.

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