Hasta la fecha poco o nada ha cambiado en materia de contratación en el Ayuntamiento de Orihuela, recordemos, uno de los más importantes de la provincia en cuanto a volumen económico en contrataciones.
En 2017 la Ley de Contratos del Sector Público sufrió una serie de modificaciones, entre ellas la obligatoriedad de establecer, al menos, una de las cláusulas en materia medioambiental, social o ética.
Para la coportavoz de Cambiemos, María Sandoval, este hecho tiene importantes implicaciones para el bienestar de las vecinas y vecinos y el medio ambiente del municipio “la contratación pública es una herramienta que permite a los gobiernos poner en práctica valores fundamentales como la cohesión social, el equilibrio territorial, la redistribución de la riqueza o la sostenibilidad medioambiental. Qué empresas se contrata y qué tipo de servicios son prioritarios y mejor pagados supone la diferencia entre un modelo económico que se base en la calidad de los servicios prestados, el respeto por los derechos laborales, el cumplimiento de los Planes de Igualdad y la prevención de la LGTBIfóbia o la utilización responsable de los recursos energéticos, el consumo de productos locales, frescos o ecológicos y un largo etc. que tienen un impacto directo sobre las economías locales, y se apueste por economías circulares y por el bienestar y el futuro de nuestro territorio y sus gentes. O que por el contrario se potencien empresas multinacionales, que precarizan las condiciones laborales, que no tributan en nuestro país y que son contaminantes.”
Por otra parte, la propuesta del Grupo Municipal Cambiemos incluye que no se prorroguen los contratos vigentes y se redacten nuevos pliegos que incluyan en sus cláusulas las que tienen que ver con la responsabilidad social y medioambiental.“Nuestra sociedad ha avanzado mucho en cuanto a la demanda de criterios sostenibles, y cada vez tenemos mayor conciencia de la necesidad de consumir productos de aquí y que cumplan estándares de calidad”, añade la concejala oriolana.
Otro de los aspectos es la posibilidad de rechazar propuestas “anormalmente bajas” bajo los criterios que la formación reclama que se incluyan en los pliegos de contratación. “Poner el foco únicamente en el precio es renunciar a ofrecer servicios de calidad y respetuosos social y medioambientalmente, lo cual repercute negativamente para el municipio y para el tipo de negocios que se fomenta desde las instituciones, que recordemos, deben ser ejemplo a seguir acerca de cuáles son las prioridades del modelo empresarial” ha señalado Sandoval.














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