Por La desaparición del arma reglamentaria de un agente de la Policía Local de Callosa de Segura ha desatado una fuerte polémica interna en el cuerpo y ha motivado la apertura de una investigación por parte de la Guardia Civil. Los hechos, ocurridos el pasado 26 de enero, han sido denunciados públicamente por el sindicato mayoritario, el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), que califica la situación de “extremadamente grave”.
Según ha informado el sindicato, el agente afectado comprobó al incorporarse al servicio que el casillero donde debía encontrarse su arma estaba vacío. En su interior no se hallaba ni el arma de fuego, ni la caja en la que habitualmente se deposita, ni la guía correspondiente. Ante esta circunstancia, el Jefe de Servicio activó el protocolo establecido para estos casos y contactó de inmediato con el Puesto Principal de la Guardia Civil, con el fin de que se iniciara la investigación pertinente y se alertara ante la posibilidad de que el arma pudiera ser utilizada en algún ilícito penal que pudiera implicar al funcionario.
La Guardia Civil se personó en las dependencias municipales y, tras cotejar la información facilitada por el agente, procedió a tomarle declaración para esclarecer lo sucedido. Asimismo, se informó al intendente jefe, Juan Antonio Sánchez Pérez, recientemente incorporado y responsable de la custodia y depósito del armamento policial.
Justificaciones y acusaciones cruzadas
De acuerdo con el SPPLB, el intendente jefe se limitó a justificar lo ocurrido alegando que se trataba de un error de uno de sus subordinados, a quien habría ordenado retirar el arma de otro agente que se encontraba en situación de incapacidad temporal. El sindicato considera “muy grave” que se deleguen en terceros funciones que, a su juicio, son indelegables por su alta responsabilidad, y denuncia además una posible revelación de datos personales protegidos, como el estado de salud de un funcionario.
El agente afectado, afiliado al sindicato, asegura no haber recibido explicación alguna sobre los motivos por los que su arma estuvo fuera de supervisión, quién la manipuló ni durante cuánto tiempo. Según el SPPLB, ante sus preguntas, el intendente respondió que ofrecería explicaciones “a quien él considerara”.
El sindicato ha confirmado que el policía interpuso denuncia formal por la desaparición de su arma reglamentaria en el Puesto Principal de Callosa de Segura y ha anunciado que exigirá las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos. Además, ha solicitado por escrito a la alcaldesa la apertura inmediata de una investigación, subrayando que en el interior del armero policial existen cámaras de videovigilancia.
Posibles implicaciones legales
El SPPLB sostiene que el intendente no tiene potestad para disponer o manipular las armas asignadas a los funcionarios, ya que estas son responsabilidad exclusiva de los agentes. Asimismo, denuncia que la retirada del arma a otro agente —también afiliado al sindicato— se habría realizado sin comunicación previa y sin respetar el plazo legalmente establecido.
La organización sindical estudia si la delegación de la retirada del arma en un tercero podría constituir un delito de revelación de secretos por parte de funcionario público, al haberse difundido presuntamente información reservada conocida por razón de su cargo. El Código Penal contempla penas de multa e inhabilitación especial para este tipo de conductas.
Clima de tensión interna
Más allá del episodio concreto, el sindicato denuncia una situación que califica de “insostenible” dentro de la Policía Local. Según trasladan varios agentes, existirían persecuciones y tratos arbitrarios en la gestión diaria, especialmente hacia los afiliados al SPPLB. A los problemas organizativos se suma ahora la preocupación por la custodia de las armas reglamentarias, ante el temor de que puedan desaparecer o ser manipuladas dentro del propio armero.
El sindicato mayoritario exige la adopción inmediata de medidas cautelares para evitar, según afirma, que continúe el hostigamiento hacia sus miembros y reclama que, una vez finalizadas las investigaciones, se aplique el régimen disciplinario correspondiente.
Por su parte, el SPPLB ha señalado que se ha puesto en contacto con el concejal de Policía, Javier Pérez Trigueros, para abordar la problemática. Aunque el edil se ha mostrado colaborador, según el sindicato, todavía no se ha producido una reunión formal con sus representantes.
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