Por LA UNIÓ Llauradora mantiene su oposición radical al Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Mercosur y rechaza cualquier intento de aplicación provisional del mismo. La organización agraria considera que, incluso con medidas correctoras, la entrada en vigor del acuerdo sería “letal” para el sector citrícola europeo y valenciano, especialmente mientras está pendiente el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En este contexto, LA UNIÓ ha solicitado al Gobierno de España que, en el caso de que finalmente se apruebe el acuerdo, reclame ante el Consejo y la Comisión Europea un contingente anual específico para los cítricos procedentes de Mercosur. En concreto, propone un límite de 239.000 toneladas de cítricos en fresco y de 499.000 toneladas destinadas a la industria, así como la aplicación de un arancel corrector del 15% cuando se superen dichos volúmenes.
El acuerdo UE–Mercosur reconoce la existencia de productos sensibles y contempla para algunos de ellos contingentes arancelarios y mecanismos de protección, como ocurre con el arroz, la miel o determinadas carnes. Sin embargo, pese a ser un producto claramente sensible y estratégico para varias regiones productoras europeas, los cítricos no cuentan con ningún contingente específico, una ausencia que LA UNIÓ considera una incoherencia interna grave del propio acuerdo.
Esta carencia resulta especialmente preocupante en el actual escenario, marcado por la solicitud de dictamen al TJUE por parte del Parlamento Europeo, el debate sobre una posible aplicación provisional del acuerdo y la acumulación de los efectos de otros tratados comerciales ya en vigor. “Todo ello refuerza la necesidad de oponerse al acuerdo, y no de acelerar su entrada en vigor como pretende el Gobierno español junto con la presidencia de la Comisión Europea”, subraya la organización.
Según los datos manejados por LA UNIÓ, las importaciones medias de cítricos en fresco procedentes de Mercosur se sitúan en torno a las 239.000 toneladas anuales. A esta cifra se suma el efecto acumulativo de otros acuerdos comerciales, especialmente el de Asociación Económica entre la UE y los Estados del África Meridional, con Sudáfrica a la cabeza, cuyas importaciones medias alcanzaron aproximadamente 794.500 toneladas anuales entre 2020 y 2024, y llegaron a 954.490 toneladas entre enero y octubre de 2025. Para la organización agraria, el mercado europeo no puede absorber indefinidamente estos volúmenes sin provocar graves perturbaciones, sobre todo cuando coinciden con los primeros meses de la campaña europea, entre septiembre y noviembre.
LA UNIÓ sostiene que, si se aplicara a los cítricos en fresco un tratamiento similar al de otros productos sensibles, sería imprescindible establecer, como mínimo, un contingente anual equivalente a las importaciones medias actuales, un arancel corrector del 15% al superarse ese umbral y un mecanismo mensual de protección durante los meses más delicados. “El hecho de que ni siquiera estas medidas básicas estén contempladas en el acuerdo pone de relieve hasta qué punto el sector citrícola ha sido sacrificado como moneda de cambio”, denuncia Carles Peris, secretario general de la organización.
La situación es aún más preocupante en el caso de los cítricos transformados. El bloque Mercosur, y especialmente Brasil, domina de forma estructural el mercado europeo del zumo, con importaciones medias cercanas a las 900.000 toneladas anuales y picos que superan el millón de toneladas, como ocurrió en 2023. Brasil concentra alrededor del 70% del zumo de naranja que se consume en el mundo. A pesar de ello, este producto no está considerado sensible en el acuerdo, a pesar del papel clave que desempeña la industria transformadora europea, que absorbe cerca del 20% de la producción citrícola y actúa como mecanismo de regulación del mercado en fresco y de mantenimiento del empleo en las zonas productoras. Cada año, en España se destinan al zumo entre 650.000 y 850.000 toneladas de cítricos retiradas del mercado en fresco.
Para LA UNIÓ, la liberalización adicional de este mercado desestabilizaría gravemente esa función reguladora y evidenciaría, una vez más, que el acuerdo no respeta ni el equilibrio del mercado ni los objetivos de la Política Agraria Común (PAC). La organización también denuncia como uno de los déficits más graves de la política comercial europea la falta de una evaluación del impacto acumulativo de los acuerdos. El sector citrícola se enfrenta simultáneamente al acuerdo UE–SADC, al acuerdo UE–Egipto y ahora al UE–Mercosur, un análisis aislado que, según advierten, oculta el impacto real sobre los precios, la renta agraria y la viabilidad de las explotaciones.
Peris considera que “el Gobierno de España debe utilizar todos estos argumentos técnicos y jurídicos para oponerse al acuerdo y rechazar cualquier intento de aplicación provisional, especialmente mientras esté pendiente el dictamen del TJUE, y trabajar en un frente común con otros Estados miembros productores”. “Este acuerdo, tal y como está concebido, no es compatible con la defensa del sector citrícola europeo ni con una agricultura viable, equilibrada y socialmente sostenible. Que sea necesario plantear medidas correctoras de gran calado demuestra que el problema no es técnico, sino estructural”, concluye.
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