Por Golpe judicial al Ayuntamiento de Callosa de Segura. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha anulado la tasa de basuras aprobada por el gobierno local del tripartito PSOE–IU–UCIN tras estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Partido Popular. La sentencia tumba una ordenanza que, según el fallo, vulnera los principios de equidad, capacidad económica y proporcionalidad.
El alto tribunal considera que el Ayuntamiento no justifica adecuadamente la aplicación de una misma tasa a todas las viviendas, con independencia de su tamaño o del número de personas que las habitan. Una irregularidad que, según el PP, fue advertida reiteradamente en los plenos municipales sin que el equipo de gobierno atendiera las alegaciones.
Desde el Partido Popular recuerdan que el gobierno local tuvo hasta tres oportunidades para rectificar y evitar el conflicto judicial: una avalancha de alegaciones vecinales, un recurso de reposición y un pleno extraordinario solicitado por los populares para iniciar una revisión de oficio de la ordenanza. Sin embargo, el ejecutivo municipal optó por no modificar la tasa.
La sentencia es especialmente contundente con los informes técnicos y económicos que sustentaban la ordenanza. El TSJ-CV señala que no se explican adecuadamente los criterios de cálculo, no se aplican coeficientes diferenciadores, no se justifica el principio de “quien contamina paga” y no se aclaran los criterios utilizados para fijar las cuotas. Además, subraya que no existe ninguna justificación válida para que todas las viviendas y comercios abonen el mismo importe.
Entre las deficiencias detectadas durante la tramitación de la tasa, el PP también denuncia el nombramiento de un tesorero accidental para la firma de la memoria económica. Se trataba, según los populares, de un funcionario A2 y sin titulación económica, pese a que el Ayuntamiento dispone de personal con categoría A1. A juicio del PP, saltarse los principios de mérito y capacidad en los nombramientos tiene “consecuencias terribles para los ciudadanos”.
Ante esta resolución judicial, el Partido Popular exige a la alcaldesa socialista, Amparo Serrano, y al concejal de Hacienda, el independiente José Antonio Illán, que acaten de inmediato la sentencia “por el bien de los callosinos”.
La portavoz popular, Inmaculada Cascales, ha afirmado que “el TSJ-CV deja claro que el PP tenía razón y que la tasa de basura que nos cobró el tripartito era ilegal”. Cascales ha criticado que el Ayuntamiento no respetara principios básicos como la equidad o la capacidad económica: “Es incomprensible que todas las viviendas paguen lo mismo, vivan más o menos personas. Y lo mismo ocurre con los comercios”.
Además, la portavoz advierte de que la situación podría agravarse de cara a 2026, ya que la futura tasa debería ajustarse estrictamente al principio europeo de “quien contamina paga”, algo que, según denuncia, el gobierno local sigue sin garantizar. Por ello, el PP reclama que el Ayuntamiento trabaje con urgencia en una nueva ordenanza “legal y justa” y pide al concejal de Hacienda que abandone su actitud de desprecio hacia los vecinos que recurrieron la tasa.
La sentencia concluye que el cálculo de la tasa es “contrario a los principios de equidad y capacidad económica”, al ignorar por completo las circunstancias reales de los contribuyentes, y subraya que el informe técnico-económico no aporta ninguna justificación válida para las cuotas aplicadas. En definitiva, el TSJ-CV considera que la ordenanza vulnera tanto la legislación nacional como la directiva europea de residuos.
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