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El Partido Socialista del Ayuntamiento de Catral va exigir responsabilidades políticas al alcalde Joaquín Lucas y a su teniente de alcalde Alejandro Gálvez tras la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que declara improcedente el cese del arquitecto municipal.
La resolución judicial confirma que el Ayuntamiento actuó fuera del procedimiento legal, obligando ahora a la corporación a readmitir al trabajador y abonar los salarios de tramitación y cotizaciones derivadas del despido. Esta decisión política incorrecta ha generado un coste para las arcas municipales de más de 42.000 euros, pagados directamente por los vecinos y vecinas de Catral.
Uno de los hechos más graves revelados durante la fiscalización del expediente es que el alcalde Joaquín Lucas no firmó personalmente el inicio del procedimiento de cese, sino que delegó esta decisión en el teniente de alcalde, Alejandro Gálvez, mientras él estaba de baja por paternidad.
Para el Partido Socialista de Catral todo esto demuestra cobardía política por parte del alcalde del PP al evitar asumir una decisión de gran trascendencia para la plantilla municipal. Todo esto también pone de manifiesto que Lucas tenía conocimiento pleno de que el procedimiento podía ser ilegal o jurídicamente insostenible, trasladando la responsabilidad a un subordinado.
M. Raúl Alonso Gascón, líder de la oposición en el Ayuntamiento de Catral, asegura que “cuando un alcalde sabe que una decisión es controvertida y jurídicamente débil, pero aun así la delega en un tercero, está reconociendo que no quiere asumir sus consecuencias. Eso no es liderazgo, es falta de valentía política”.
El cese, ahora declarado ilegal, dejó al municipio de Catral sin servicio de arquitectura municipal durante meses, generando una situación de bloqueo y perjuicio para el municipio.
El PSOE denuncia que la ausencia de arquitecto ha provocado retrasos en licencias y expedientes urbanísticos, afectando a familias y empresas, parálisis de obras, reformas y aperturas de negocios y falta de control urbanístico, que afecta directamente a la construcción del CEIP número 2, lo que supondrá futuros retrasos y falta de supervisión de técnicos municipales, con los riesgos que ello implica. Esta negligente gestión también ha causado perjuicios directos a autónomos, comercios y promotores y un impacto negativo claro en el desarrollo económico y urbanístico de Catral.
“Además del coste económico, el daño operativo y social ha sido enorme. Catral ha vivido meses en un limbo técnico por una decisión política irresponsable”, ha añadido el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el consistorio. Alonso Gascón exige responsabilidades políticas y no “justificaciones tardías como siempre ofrece el PP”.
El Partido Socialista afea que esta práctica negligente por parte del PP “perjudica a los vecinos porque tendrán que asumir el coste de esta causa judicial porque la decisión se tomó sin el rigor, la prudencia ni la legalidad mínima exigibles a un gobierno municipal”.
Por ello, el grupo municipal anuncia que exigirá responsabilidades políticas al alcalde Joaquín Lucas por la cadena de errores cometidos. El Ayuntamiento ha perdido 42.000 € por una decisión ilegal. Pedimos que los responsables políticos lo reconozcan y asuman esa pérdida ante los vecinos.
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