ASAJA critica la no activación de ayudas al olivar y al viñedo. “No se pueden dar excusas para incumplir una ley”. ASAJA Alicante advierte de la inseguridad jurídica y reclama la activación urgente de los 370 millones para olivar y viñedo. “Consideramos inaceptable la decisión del Gobierno de no activar las ayudas extraordinarias al olivar y al viñedo fijadas por ley, alegando la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado”. La organización agraria exige el cumplimiento inmediato de la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, que establecía un fondo de 370 millones de euros —285 millones para olivar de secano y 85 millones para viñedo de secano— destinado a las explotaciones profesionales más afectadas por la sequía y el encarecimiento de los costes tras la invasión rusa de Ucrania.
La disposición adicional cuarta de la Ley 1/2025 obligaba al Ejecutivo a aprobar en un máximo de dos meses desde su aprobación una ayuda de concesión directa, integrada en el sistema de la PAC, dirigida a agricultores profesionales, explotaciones prioritarias y superficies de olivar y viñedo de secano. Sin embargo, más de medio año después, las ayudas no han visto la luz. Y ahora en una respuesta parlamentaria conocida ayer, el Gobierno afirma que “no es posible allegar los recursos necesarios”, admitiendo que los Presupuestos de 2023 no contemplaban esta partida y que, al estar prorrogados, no puede activarse. Desde ASAJA Alicante se subraya que no puede dejarse sin cumplir una ley diseñada precisamente para proteger a los agricultores profesionales más vulnerables, y se advierte de que el olivar y el viñedo de secano no pueden convertirse en las víctimas colaterales de la falta de Presupuestos.
Esta decisión injusta agrava la situación de muchas explotaciones profesionales. ASAJA Alicante recuerda que otros sectores sí han recibido ayudas extraordinarias por sequía o por el impacto de la guerra en Ucrania. “No hay justificación posible para que olivar y viñedo queden fuera de una ayuda que está escrita en una ley, diseñada para amortiguar la caída de cosecha, el incremento de costes y la pérdida de margen”.
En este sentido, ASAJA Alicante recuerda que la sequía de 2024 tuvo graves impactos en los cultivos de secano. Por ejemplo, la uva de vinificación recogida en las diferentes comarcas amparadas por la Denominación de Origen Alicante, obtuvo un mínimo histórico de producción en la provincia: 15 millones de kilos y un descenso del -23% respecto a 2023.
Durante los últimos años, Alicante presenta una situación de sequía que es especialmente relevante en la Marina Alta, que además ha propiciado la proliferación de fauna salvaje como conejos o jabalíes, o plagas como el mosquito verde.
Inseguridad jurídica
La falta de aplicación de una ayuda que la propia ley establece como concesión directa, integrada en la PAC y sin necesidad de solicitud previa, está generando una inseguridad jurídica insostenible para miles de agricultores profesionales, que tenían derecho a confiar en que la norma se cumpliría. Este retraso aboca a las explotaciones de secano a una incertidumbre absoluta, dificulta cualquier planificación —desde inversiones hasta podas, tratamientos o contratación de personal— y aumenta el riesgo real de abandono de explotaciones en zonas rurales especialmente vulnerables.
ASAJA Alicante se suma a la organización nacional para exigir al Ministerio de Agricultura una solución inmediata y transparente, que incluya la activación urgente de los 370 millones previstos en la Ley 1/2025, la dotación presupuestaria necesaria para ejecutarla, claridad sobre beneficiarios y superficies, un calendario público de pagos y un trato igualitario respecto a otros sectores que sí han recibido ayudas extraordinarias. “No se pueden dar excusas para incumplir una ley. El campo necesita certezas, no respuestas burocráticas; el olivar y el viñedo de secano son pilares de la economía rural y su abandono tendría consecuencias irreversibles”, advierte la organización.















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