Por LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha denunciado que la Conselleria de Agricultura ha dejado sin ayudas para la mejora de caminos rurales a 140 municipios de la Comunitat Valenciana debido a la insuficiencia del presupuesto de la convocatoria correspondiente a 2026. La organización reclama que se amplíe la dotación económica, fijada en cuatro millones de euros, para que todas las localidades que cumplen los requisitos puedan acceder a estas subvenciones.
Según explica la organización agraria, la resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana establece que las solicitudes presentadas por los ayuntamientos superan ampliamente la cuantía disponible, por lo que la Comisión de Valoración ha aplicado los criterios previstos en las bases reguladoras para seleccionar únicamente a 50 municipios beneficiarios.
En la provincia de Alicante únicamente siete localidades han obtenido financiación: Benimarfull, Gaianes, Hondón de las Nieves, Pedreguer, Sagra, Sella y Tàrbena. En cambio, otras 32 solicitudes han quedado excluidas pese a cumplir los requisitos, entre ellas las de Albatera, Almoradí, Bigastro, Callosa de Segura, Los Montesinos, Pilar de la Horadada, Crevillent, Aspe, Campello, Sax o Xàbia.
En Castellón han resultado beneficiarios 23 municipios y 31 han quedado fuera, mientras que en la provincia de Valencia han obtenido ayudas 20 localidades frente a otras 77 solicitudes rechazadas por falta de presupuesto. Además, la Dirección General ha declarado inadmitidas otras 16 solicitudes por distintos motivos administrativos y se han registrado 32 expedientes desistidos, en su mayoría por no atender los requerimientos de subsanación.
Infraestructuras estratégicas para el campo
LA UNIÓ recuerda que estas ayudas están destinadas a financiar actuaciones de mejora permanente en caminos rurales de titularidad pública, unas infraestructuras que considera esenciales para garantizar el acceso a las explotaciones agrarias y facilitar la actividad agrícola y ganadera.
El secretario general de la organización, Carles Peris, ha asegurado que el elevado número de solicitudes presentadas “evidencia el abandono que sufren las infraestructuras agrarias”. En su opinión, la falta de una mayor inversión pública dificulta la actividad del sector, incrementa el desgaste de la maquinaria y los vehículos agrícolas y aumenta el riesgo de accidentes para quienes utilizan diariamente estos caminos.
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