El Grupo Municipal Socialista de Redován ha denunciado públicamente el supuesto cobro irregular de la tasa por la retirada de vehículos mediante el servicio municipal de grúa y ha exigido al equipo de gobierno la devolución de todas las cantidades abonadas por los afectados, al considerar que no existe una ordenanza fiscal que respalde estos pagos.
Según explica el PSOE en un comunicado, los conductores deben abonar 40 euros cuando la retirada del vehículo no llega a completarse y 80 euros cuando el automóvil es trasladado al depósito municipal, además de la correspondiente sanción de la Policía Local. Los socialistas sostienen que estos importes se vienen cobrando pese a que, según afirman, el propio concejal de Hacienda reconoció en el último pleno municipal que no existe ninguna ordenanza fiscal que regule esta tasa.
La formación también denuncia que el pago se realiza directamente al conductor de la grúa, en efectivo y, según asegura, sin que se entregue justificante o recibo, una práctica que considera impropia de una administración pública al privar a los ciudadanos de las garantías sobre el pago efectuado.
Ante esta situación, el PSOE reclama explicaciones públicas a la concejala responsable de la Policía Local y al equipo de gobierno sobre diversos aspectos relacionados con este procedimiento, entre ellos desde cuándo se viene cobrando esta tasa, cuántas personas la han abonado, cuál es el importe total recaudado y qué respaldo legal ha tenido el Ayuntamiento para efectuar estos cobros. Asimismo, cuestiona por qué el pago se realiza directamente al conductor de la grúa y sin emitir ningún tipo de recibo.
Los socialistas solicitan además la apertura inmediata de una investigación para esclarecer los hechos y depurar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse, así como la devolución de todas las cantidades cobradas a los afectados tras el reconocimiento de la inexistencia de una ordenanza fiscal que sustente este concepto.
Por último, el PSOE enmarca esta denuncia en un contexto que considera preocupante por la situación de la seguridad ciudadana y de la Policía Local, y reitera su compromiso con la defensa de la legalidad, la transparencia en la gestión municipal y los derechos de la ciudadanía.













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